En un país "democrático" como Nicaragua, siempre estamos pendiente de todo lo que sucede, con el sistema, como un todo, así como, con sus instituciones y sus funcionarios públicos.
Es lamentable, como poco a poco, se van desvanceciendo todos los logros alcanzados desde el año 1990, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro, alcanzó la presidencia de nuestro país y comenzó un proceso de desmovilizacion de democratización del mismo. En ese contexto, se necesitaba de una persona al frente del gobierno y del estado, con un carisma, un temple y un equilibrio descomunal, que no pudiera perderse de vista el papel para el cual fué electa presidenta de un país que practicamente aún estaba en guerra.
Sin enbargo, todo este esfuerzo se vino estropeando, dado que la oposición en ese momento el FSLN comenzó a toda costa un proceso de desestabilización política, económica y social para que el país y su presidenta no saliera adelante y salir de la pobreza y la miseria en que nos mantuvo la "guerra" creada de una manera artificial, pero que las consecuencias desastrosas fueron más que reales y evidentes en cada uno de los estratos sociales de nuestro en nuestra nación.
Al comenzar el gobierno del doctor Alemán, se profundizó la crisis de gobernabilidad y para mantenerse en el poder se creó el pacto libero-sandinista y la creación y repartición de las cuotas de poder entre estos dos caudillos y partidos. Así comienza una nueva era, en que las instituciones públicas pasan a ser parte de estos dos partidos mayoritarios y la toma de sus decisiones responden únicamente a los representantes de los mismos Alemán - Ortega.
En el gobierno de el Ingeniero Bolaños, los cambios no fueron tan bruscos, se mantuvo la política del chantaje por parte del FSLN y que culminó con la subida al poder de éste último gracias al beneficio que le otorgó el otrora y tristemente célebre Partido Liberal Constitucionalista con su caudillo el doctor Alemán al frente, bajando el pocentaje para ganar las elecciones en primera vuelta del 45 al 35%, una camisa a la medida del FSLN.
En nuestra Constitución se mandata que cualquier persona elegida directa por el pueblo para un cargo público a desempañar una labor pública, está obligado a presentar una Declaración de Probidad al comenzar su mandato y al finalizarlo, lo mismo es tambien para todo funcionario público que esté al frente de una institución de carácter público. No obstante, en el enredo político que vive nuestro país, las instituciones se ven vulnerables ante la imagen de la política manejada por los caudillos de turno el señor presidente Ortega y el señor expresidente Doctor Alemán. Es inconcebible, que si nuestras leyes mandatan a presentar su declaración de probidad a cualquier funcionario público, independientemente de su rango sea éste alto o bajo, la Contraloría General de la República en la imagen de su presidente campantemente diga, que en el caso del señor magistrado del Consejo Supremo Electoral, que tal declaración es soporte de su "vida privada", creo que, si la institución que representa el magistrado Rivas es pública, entonces él es un funcionario público, por la lógica de sus funciones y que maneja dinero del erario público, de todos los contribuyentes, entonces en que se basa el tambien magistrado de la Contraloría General de la República Doctor Arguello Poesí, para decir o expresar tan aberrante declaración.
Hoy estamos todos desamparados, ya que las mismas instituciones reconocidas en nuesta carta magna, que tienen que velar por el buen funcionamiento de las misma, practicamente no existen.
Es recomendable, que las instituciones jueguen un papel fiscalizador de la función pública y de sus funionarios, para que en la medida de lo posible cometamos errores que más tarde nos perjudiquen como ciudadanos y como país.
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